Un ciudadano peruano fue condenado hoy a 98 meses de prisión por su participación en la supervisión de una organización de fraude transnacional dirigida contra inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos. (Jump to English)
Source: Department of Justice
Según los documentos judiciales, Jose Alejandro Zuñiga Cano, de 40 años de edad y oriundo de Lima (Perú), era el operador de un centro de llamadas peruano a través del cual estafaba y extorsionaba a residentes de habla hispana de los Estados Unidos con falsas amenazas de arresto, procesos judiciales y consecuencias inmigratorias. Zuñiga fue extraditado desde Perú en marzo para enfrentar cargos relacionados con el entramado y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio.
Al declararse culpable, Zuñiga admitió que poseía y operaba un centro de llamadas en Lima, Perú, a través del cual realizaba llamadas no solicitadas a consumidores de habla hispana en los Estados Unidos y afirmaba falsamente que habían ganado o reunido los requisitos para productos gratuitos, que incluían tabletas informáticas y cursos de idioma inglés. En llamadas posteriores, Zuñiga y sus cómplices afirmaban falsamente que las víctimas estaban obligadas por contrato a pagar grandes sumas para recibir los productos. Zuñiga y sus cómplices se hicieron pasar por abogados, funcionarios judiciales, policías y representantes de un supuesto “Tribunal de Delitos Menores” para intimidar a las víctimas y obligarlas a enviar los pagos. Además, Zuñiga y sus cómplices preguntaban a las víctimas potenciales sobre su país de origen y las amenazaban con procedimientos judiciales, arrestos y consecuencias inmigratorias si no pagaban.
Muchas de las víctimas que efectuaron pagos a raíz de estas mentiras y amenazas fueron revictimizadas con frecuencia por Zuñiga y sus cómplices con un plan de devolución relacionado. El acusado y sus cómplices hicieron llamadas adicionales a las víctimas que ya habían pagado y, mientras se hacían pasar por abogados de un tribunal estadounidense, afirmaban falsamente que las víctimas tenían derecho al pago de devoluciones y que recibirían su dinero de vuelta si abonaban honorarios adicionales. En realidad, no había abogado, ni orden de devolución, ni fondos devueltos a las víctimas que hicieron esos pagos adicionales; sino que Zuñiga se quedó con esos pagos adicionales de las víctimas.
“La Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia se dedica a proteger a los consumidores estadounidenses vulnerables de los estafadores, sin importar dónde residan”, dijo Brian M. Boynton, subprocurador general adjunto principal, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “La sentencia de hoy demuestra que las personas que defraudan a nuestras comunidades de inmigrantes responderán ante los tribunales estadounidenses. Continuaremos trabajando con nuestros socios para garantizar que las personas que se hagan pasar por funcionarios del Gobierno y del tribunal sean llevados ante la justicia”.
“El brazo largo del sistema de justicia estadounidense no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación, que incluyen a las personas mayores y los inmigrantes recién llegados”, dijo el abogado estadounidense Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida. “No permitiremos que los criminales transnacionales utilicen tácticas de miedo e intimidación para robar dinero al público al que atendemos. Las personas que defrauden a los consumidores estadounidenses serán llevadas ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”.
“La sentencia dictada hoy contra José Alejandro Zuñiga Cano es una prueba de la dedicación entre el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para no detenerse ante nada para llevar ante la justicia a los sospechosos que victimizan a nuestros ciudadanos”, dijo el inspector a cargo, Juan A. Vargas, de la División de Miami del USPIS.
Con la sentencia de hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, doce acusados han sido condenados y sentenciados en relación con un entramado de fraude transnacional de $15 millones que estafó y amenazó a los consumidores estadounidenses de habla hispana, alegando que sufrirían consecuencias legales si no pagaban por productos de aprendizaje del inglés que nunca solicitaron. En conjunto, el entramado fue responsable de estafar a más de 30,000 residentes de habla hispana de los Estados Unidos. Muchas de las víctimas son inmigrantes recién llegados que simplemente habían expresado su interés por aprender inglés.
Entre los doce acusados figuran ocho propietarios-operadores de centros de llamadas peruanos y cuatro propietarios-operadores de centros de distribución que procesaban pagos, distribuían productos y posibilitaban el fraude en los Estados Unidos. Muchos de los acusados compartieron estrategias sobre cómo estafar a los residentes de habla hispana de los Estados Unidos.
Zuñiga es el octavo acusado extraditado desde Perú que se declara culpable ante un tribunal federal de cargos de fraude relacionados con los centros de llamadas peruanos implicados en la estafa del aprendizaje del inglés. En 2021 y 2022, el juez de distrito, Robert N. Scola, Jr. condenó a Henry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Renteria, Fernan Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza a penas de entre 88 y 110 meses de prisión.
Además de condenar a Zuñiga a una pena de prisión federal, la jueza de distrito, Kathleen M. Williams, también ordenó a Zuñiga el pago de casi $700,000 dólares en concepto de indemnización a sus más de 1,100 víctimas.
USPIS y la Subdivisión de Protección al Consumidor investigaron el caso.
El fiscal principal y coordinador de Litigios Penales Transnacionales, Phil Toomajian, y la fiscal Carolyn Rice, de la Subdivisión de Protección de los Consumidores, llevan el caso, y la fiscal adjunta, Annika Miranda, del Distrito Sur de Florida, se ocupa del decomiso de bienes. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal Nacional de Perú y la Policía Nacional de Perú prestaron una ayuda fundamental. El Servicio de Alguaciles, la Oficina del Fiscal General de la Nación y la Policía Nacional de Perú prestaron una ayuda fundamental.
El Departamento de Justicia sigue investigando y presentando cargos en otros asuntos similares relacionados con amenazas contra residentes de habla hispana de los Estados Unidos.
Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de un fraude financiero, tiene a su disposición a profesionales experimentados en la Línea Directa Nacional contra el Fraude a Personas Mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea directa del Departamento de Justicia, gestionada por la Oficina para las Víctimas de Delitos, puede prestar apoyo personalizado a quienes llaman, evaluando las necesidades de la víctima e identificando los siguientes pasos pertinentes. Los administradores del caso indicarán los organismos de denuncia pertinentes, facilitarán información a las personas que llamen para ayudarlas a denunciar, comunicarán directamente a las personas que llamen con los organismos adecuados y les ofrecerán recursos y remisiones, en función de cada caso. Denunciar es el primer paso. Denunciar puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen fraude y denunciar ciertas pérdidas financieras debido al fraude lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar las pérdidas. La línea directa está abierta de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. ET. Se ofrece en inglés, español y otros idiomas.
Para obtener más información sobre las iniciativas del departamento para ayudar a los ciudadanos estadounidenses ancianos, visite la página web de la Iniciativa para la Justicia de Personas Mayores. Para obtener más información sobre la Subdivisión de Protección del Consumidor y sus iniciativas de aplicación, visite www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Las quejas de fraude contra personas mayores se pueden presentar ante la FTC en www.reportfraud.ftc.gov/ o en 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia ofrece diversos recursos relacionados con la victimización por fraude de ancianos a través de su Oficina para las Víctimas de Delitos, que puede consultarse en www.ovc.gov.
Peruvian National Sentenced in Transnational Scheme to Defraud Spanish-Speaking United States Consumers
A Peruvian national was sentenced yesterday to 98 months in prison and to pay nearly $700,000 in restitution to his more than 1,100 victims for his role overseeing a transnational fraud conspiracy that targeted recent immigrants to the United States.
Source: Department of Justice
According to court documents, Jose Alejandro Zuñiga Cano, 40, of Lima, was the operator of a Peruvian call center that defrauded and extorted Spanish-speaking United States residents by falsely threatening them with arrest, court proceedings and immigration consequences. Zuñiga was extradited from Peru in March to face charges related to the scheme and pleaded guilty to conspiracy to commit mail and wire fraud in July.
In pleading guilty, Zuñiga admitted that he owned and operated a call center in Lima, that placed unsolicited calls to Spanish-speaking consumers in the United States and falsely claimed that they had won or qualified for free products, including computer tablets and English language courses. On later calls, Zuñiga and his co-conspirators falsely claimed that victims were contractually obligated to pay large sums to receive the products. Zuñiga and his co-conspirators impersonated lawyers, court officials, police officers and representatives of a supposed “minor crimes court” to intimidate victims and force them to send payments. Zuñiga and his co-conspirators queried potential victims about their country of origin and threatened victims with court proceedings, arrest and immigration consequences if they did not pay.
Many victims who made payments following these lies and threats were frequently re-victimized by Zuñiga and his co-conspirators with a related restitution scheme. The defendant and his co-conspirators placed additional calls to victims who had already paid and, while posing as lawyers for a U.S. court, falsely represented that victims were entitled to restitution payments and would receive their money back if they paid additional fees. In reality, there was no lawyer, no restitution order and no funds returned to the victims who made those additional payments. Instead, Zuñiga kept those additional victim payments for himself.
“The Justice Department’s Consumer Protection Branch is dedicated to protecting vulnerable U.S. consumers from fraudsters no matter where those fraudsters reside,” said Principal Deputy Assistant Attorney General Brian M. Boynton, head of the Justice Department’s Civil Division. “Today’s sentence demonstrates that individuals who defraud our immigrant communities will be held accountable in U.S. courts. We will continue to work with our partners to ensure that individuals who impersonate government and court officials are brough to justice.”
“The long arm of the American justice system has no limits when it comes to reaching fraudsters who prey on our nation’s most vulnerable populations, to include the elderly and recent immigrants,” said U.S. Attorney Markenzy Lapointe for the Southern District of Florida. “We will not allow transnational criminals to use fear tactics and intimidation to steal money from the public we serve. Individuals who defraud American consumers will be brought to justice, no matter where they are located.”
“Today’s sentencing of Jose Alejandro Zuñiga Cano is proof of the dedication between the U.S. Postal Inspection Service, the Justice Department’s Consumer Protection Branch and the U.S. Attorney’s Office to stop at nothing to bring those suspects who victimize our citizens to justice,” said Inspector in Charge Juan A. Vargas of the U.S. Postal Inspection Service (USPIS) Miami Division.
With today’s sentencing in the U.S. District Court for the Southern District of Florida, 12 defendants have now been convicted and sentenced in connection with a $15 million transnational fraud scheme that defrauded and threatened Spanish-speaking U.S. consumers, claiming they would suffer legal consequences if they did not pay for English-language learning products they never requested. Collectively, the scheme was responsible for defrauding more than 30,000 Spanish-speaking residents of the United States. Many of the victims were recent immigrants who had merely expressed interest in learning English.
The 12 defendants include eight Peruvian call center owner-operators and four distribution center owner-operators who processed payments, distributed products and facilitated the fraud in the United States. Many of the defendants shared strategies on how to defraud Spanish-speaking residents of the United States.
Zuñiga is the eighth defendant to be extradited from Peru and plead guilty in federal court to fraud charges related to Peruvian call centers involved in the English language learning scam. In 2021 and 2022, U.S. District Judge Robert N. Scola, Jr., sentenced Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Renteria, Fernan Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla and Josmell Espinoza to sentences ranging from 88 months to 110 months in prison.
USPIS and the Civil Division’s Consumer Protection Branch investigated the case.
Senior Trial Attorney and Transnational Criminal Litigation Coordinator Phil Toomajian and Trial Attorney Carolyn Rice of the Civil Division’s Consumer Protection Branch are prosecuting the case, and Assistant U.S. Attorney Annika Miranda for the Southern District of Florida is handling asset forfeiture. The Justice Department’s Office of International Affairs, U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, State Department’s Diplomatic Security Service, U.S. Marshals Service, Peruvian National Prosecutor General’s Office and Peruvian National Police provided critical assistance.
The Justice Department continues to investigate and bring charges in other similar matters involving threats against Spanish-speaking residents of the United States.
If you or someone you know is age 60 or older and has experienced financial fraud, experienced professionals are standing by at the National Elder Fraud Hotline: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). This Justice Department hotline, managed by the Office for Victims of Crime, can provide personalized support to callers by assessing the needs of the victim and identifying relevant next steps. Case managers will identify appropriate reporting agencies, provide information to callers to assist them in reporting, connect callers directly with appropriate agencies and provide resources and referrals, on a case-by-case basis. Reporting is the first step. Reporting can help authorities identify those who commit fraud and reporting certain financial losses due to fraud as soon as possible can increase the likelihood of recovering losses. The hotline is open Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. ET. English, Spanish and other languages are available.
More information about the department’s efforts to help American seniors is available at its Elder Justice Initiative webpage. For more information about the Consumer Protection Branch and its enforcement efforts, visit www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Elder fraud complaints can be filed with the FTC at www.reportfraud.ftc.gov/ or at 877-FTC-HELP. The Justice Department provides a variety of resources relating to elder fraud victimization through its Office for Victims of Crime, which can be reached at www.ovc.gov.
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